DESTITUYERON A JUEZA DE RIVERA QUE INTENTÓ PROTEGER A SU PAREJA POR HURTOS EN EL JUZGADO

La pareja de la magistrada contaba con llave de la sede judicial donde se produjeron hurtos de equipamiento informático.

La Suprema Corte de Justicia resolvió destituir a la profesional María Noelia Sánchez que se desempeñaba como titular del Juzgado Letrado de Rivera de 6º Turno. El pasado mes de julio Sánchez fue imputada por un delito de peculado, reiterados delitos de abuso de funciones y un delito de violencia privada, todos ellos en régimen de reiteración real.

En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó que había iniciado un procedimiento disciplinario a Sánchez, con suspensión del ejercicio del cargo y retención de la mitad de su sueldo por seis meses. La exjueza estaba involucrada en una investigación de la fiscal departamental Stella Alciaturi contra su pareja.

“Concluyeron así las actuaciones administrativas iniciadas a partir de un informe remitido por el Colegio de Abogados de Rivera que refería al funcionamiento del juzgado a cargo de la mencionada magistrada, con repercusiones que tomaron estado público y afectaron profundamente la imagen de la institución”, informa el Poder Judicial.

La decisión tomó en consideración «la gravedad de las faltas cometidas» y, de forma complementaria con la sanción de destitución, dispuso “remitir testimonio de lo actuado a la Fiscalía General de la Nación para que la conducta de la mencionada funcionaria pueda ser examinada también desde el punto de vista penal”.

“Con las actuaciones cumplidas quedó ampliamente probado que la magistrada dictó sentencias fuera del plazo legalmente previsto y que falseó constancias en varias ocasiones alegando licencias que no se le habían concedido pretendiendo así extender plazos ya vencidos”, añade el Poder Judicial.

Por otra parte, se concluye que “la pareja de la magistrada contaba con llave de la sede judicial donde se produjeron hurtos de equipamiento informático, y aún en conocimiento de tales hechos asumió conductas pasivas que no resultaban propias de su investidura”.

Además, surgen indicios de que “la magistrada intimidó a las damnificadas por conductas delictivas en las que estaba implicada su pareja”.

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