LA JUSTICIA PRORROGÓ POR TRES MESES LAS MEDIDAS CONTRA IMPUTADOS POR OPERACIÓN OCÉANO

La jueza Beatriz Larrieu dispuso 90 días más de medidas cautelares, la mitad del tiempo pedido por la fiscal del caso, Darviña Viera.

La jueza Beatriz Larrieu resolvió prorrogar por tres meses las medidas contra los 32 imputados en el marco de la Operación Océano, informó el diario El Observador y confirmaron fuentes del caso a Salto Informa.

La fiscal del caso, Darviña Viera, había solicitado la prórroga de hasta un año para acusar o sobreseer a los 32 imputados en esta causa que investiga la explotación de menores. Los abogados defensores de los imputados se habían opuesto a la extensión y la jueza Larrieu dispuso que la prróroga sea por tres meses.

Las medidas que se prorrogan son cautelares, como prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas.

Tal como informáramos, este martes Larrieu resolvió prorrogar por seis meses más la investigación. Esta prórroga corre a partir del jueves 13 de mayo hasta el 13 de noviembre.

El pasado 14 de abril el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se comunicó con el fiscal de General de la Nación, Jorge Díaz, para informarle sobre los avances de la investigación administrativa iniciada luego de detectar el faltante de un archivo en las copias de la evidencia digital colectada que fuera entregada a las defensas de los imputados y víctimas en el marco de la Operación Océano.

Luego el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que «los discos donde está almacenada la evidencia están completos» y «no sufrieron ningún tipo de modificación».

«Los discos que están en Delitos Informáticos, donde está almacenada la evidencia que luego se va a incorporar al juicio, están completos y no sufrieron algún tipo de modificación. Al juicio oral y a la Fiscalía no le afecta en nada porque la evidencia está disponible. Se va a ofrecer por parte de Fiscalía y el funcionario la va a incorporar», agregó.

«La Fiscalía ha sido perjudicada por esta acción, porque la prueba anticipada, que debió haberse empezado a diligenciar del año pasado todavía no se empezó a diligenciar. Se ha utilizado para atacar reputacionalmente a la Fiscalía», aseguró sobre la irregularidad en el manejo de la evidencia.

El fiscal General de la Nación destacó que «se entiende que puede haber un delito de corrupción pública y eso lo va a decidir el fiscal de Delitos Económicos».

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