FRENTEAMPLISTAS EXPLICARON PROPUESTA DE DEROGAR PRISIÓN PREVENTIVA PARA LOS MENORES

El grupo que discutió la idea sostuvo que es “necesario” avanzar “definitivamente” en medidas alternativas a la prisión preventiva.

Militantes frenteamplistas emitieron un comunicado este miércoles explicando los alcances y las razones de una de los acuerdos que más causó polémica durante esta semana: el Congreso del Frente Amplio acordó el domingo la derogación del registro de antecedentes y prisión preventiva obligatoria para los menores de edad.

Los militantes explicaron que este acuerdo fue trabajado durante el último año con el fin de realizar aportes para “garantizar” los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, sostienen que avanzar en una serie de modificaciones legales que garanticen los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley “es necesario”.

Según cuentan, las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, y la Declaración sobre los Derechos del Niño, indican que se deben derogar aquellas normas que “obligan a los jueces a imponer a los adolescentes la privación de libertad como medida cautelar, antes de saber si son culpables y de tener una sentencia ejecutoriada”.

En 2011, un acuerdo multipartidario hizo que se lograra la ley que establece la prisión preventiva obligatoria para los menores y la permanencia del registro de los antecedentes penales.

Estas normas, remarcan los militantes, establecen “condiciones más duras” para los adolescentes que para las personas adultas ya que, explican, desde la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal la prisión preventiva no es una medida cautelar obligatoria.

De la misma manera, continúan, hacer perdurar los antecedentes penales de los adolescentes luego de cumplir los 18 años, “atenta contra su dignidad y los estigmatiza, en la medida en la que, en muchos casos, la infracción a la ley surge por impulso de personas adultas y por circunstancias que esos adolescentes no logran comprender cabalmente dado que están en pleno desarrollo psíquico y físico”.

Los impulsores del acuerdo remarcan que esto implica la imposición de una “sanción accesoria, peligrosista” y que castiga “dos veces” el mismo hecho.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que la información contenida en los registros de antecedentes ante la justicia juvenil no debe ser valorada cuando alcancen la mayoría de edad, ni a efectos de computar reincidencia, porque implica la criminalización, genera perjuicios y atenta contra el interés superior de los/las adolescentes que se debe garantizar”, explican.

Los militantes aseguran que está comprobado que las medidas de privación de libertad “no solucionan los problemas de seguridad”, y que para eso es necesario “avanzar en medidas de prevención y en políticas sociales y educativas que apuesten a trayectorias saludables”.

Por eso, remarcan, es “necesario” avanzar “definitivamente” en la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad, “dotar de adecuados presupuestos, generar más eficiencia en todo el sistema de respuesta y promover la inclusión de los menores”.

No está comprobado, agregan, que las leyes como esta (19.055) hayan incidido en la disminución del número de adolescentes privados de libertad, sino que esta disminución “responde a la batería de políticas sociales y a las medidas alternativas a la privación de libertad implementadas por los tres gobiernos frenteamplistas”.

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